El escenario no ha cambiado en demasía desde que Pedro Sánchez, hace poco más de un año, anunció el reconocimiento del Estado de Palestina por parte de España. Aquella iniciativa suponía ir un paso más allá en el ámbito de las relaciones internacionales, aumentando la apuesta en medio de una escalada de tensión diplomática con Israel que va en aumento con el paso del tiempo. 

Ante esta situación, el Gobierno no solo sigue firme en su decisión, sino que pisa el acelerador con la presión a la comunidad internacional para sumar a más países, y con nuevas medidas, que fuercen al estado hebreo a parar la guerra en Gaza.

En la reciente reunión del Grupo Madrid +, que congregó a una veintena de naciones continentales y árabes más Brasil que promueven la solución de dos Estados, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, defendió, entre otras cosas, la suspensión inmediata del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Tel Aviv, además de decretar un embargo de la venta de armas al Estado judío.

El aniversario ha llegado en un momento en el que la ofensiva de Israel en la Franja, tras los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023, marca buena parte de la agenda política internacional y nacional y es uno de los motivos habituales de la confrontación partidista a derecha e izquierda.

Al reconocimiento del Estado palestino a finales de mayo del pasado año con las fronteras de 1967, un paso que España dio de forma coordinada con Irlanda y Noruega (quienes también han reafirmado su compromiso este 2025, además de Eslovenia), siguió la ira del Gobierno israelí y el deterioro de las relaciones bilaterales, hasta el punto de que Tel Aviv retiró a su embajadora de Madrid y no ha vuelto. El encargado de negocios de la propia Embajada en la capital, Dan Poraz, ya reconoció que la comunicación entre las dos partes no pasa por su «mejor momento».

El presidente español, Pedro Sánchez, que tomó esta decisión por razones «de paz, justicia y coherencia», defendió entonces y sigue manteniendo que la única vía posible al conflicto en Oriente Próximo es la solución de dos Estados, Israel y Palestina, en su caso con un corredor que comunique Gaza y Cisjordania, con Jerusalén Este como capital y con la Autoridad Nacional Palestina al frente.

La decisión del país europeo no ha implicado la apertura de una embajada en Palestina y, por tanto, las relaciones diplomáticas se han estado llevando a cabo a través del consulado situado en esa zona de Jerusalén Este.

Durante todo este año, el Gobierno no ha cejado en impulsar una conferencia internacional de paz sobre Oriente Medio y se ha ido involucrando cada vez más en la causa. Ello ha quedado reflejado en los pasos que está dando el Ejecutivo, que también quiere que la Conferencia de Naciones Unidas del 17 de junio en Nueva York sea «un gran movimiento» de reconocimiento del Estado palestino para que aquellas naciones que no lo han hecho lo hagan.

Otro ejemplo de la implicación por parte del Estado es su apoyo inequívoco a la Corte Penal Internacional, que ha emitido órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y otros miembros de su gabinete por crímenes contra la humanidad. O también su reciente participación en la cumbre de la Liga Árabe, donde se comprometió a impulsar con Palestina una resolución para parar la guerra en Gaza y permitir la entrada de ayuda humanitaria.

Por todo ello, el Ejecutivo se considera abanderado en Europa del reconocimiento de la propia Palestina como Estado, que ayudará, entre otras cosas, «a construir un Mediterráneo más seguro y estable», comentó en su día Sánchez, y como firme defensor también de la causa de Gaza, donde la ofensiva israelí ha causado más de 54.000 muertos, la mayoría civiles, y de ellos más de 16.200 niños.

Estas cifras, junto a la situación de hambruna provocada por el bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria, parece estar removiendo a la Unión Europea, que ha aceptado revisar el acuerdo de asociación con Israel, tras una petición respaldada por 17 de los 27 socios, entre ellos la propia España, que ya hace un año lo había solicitado junto a Irlanda.

También el Congreso, con el apoyo de los socialistas, aprobó el inicio de la tramitación de una ley promovida por Sumar y otros grupos para permitir el embargo del comercio de armas a países que cometan genocidios, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad, como la nación hebrea, aunque el Ejecutivo reconoce también que habría dificultades para su aplicación.

Ello contrasta con que Moncloa se ha visto obligada a dar explicaciones por unos contratos de compra de armamento a empresas israelíes, 46 por valor de más de mil millones de euros, según algunas fuerzas de la izquierda, firmados después de que Tel Aviv iniciara la guerra en la Franja pese a su compromiso de no hacerlo. Entre ellos estaba uno de adquisición de munición a una empresa del país judío, que fue cancelado el mes pasado tras hacerse público.